España y el boicot a Eurovisión

El Consejo de Administración de RTVE tomó una decisión que resuena como un acorde disonante en la larga melodía de Eurovisión: España no participará en la edición de 2026 si Israel se mantiene en el certamen. Aprobada por 10 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, esta medida (propuesta por el presidente José Pablo López) marca un hito en los 49 años de historia del festival, donde España ha competido en 44 ediciones. Este anuncio no es solo un pulso ético; es un eco de un debate global que ha fracturado el certamen, cuestionando si la música puede ser neutral en un mundo dividido.

La decisión llega tras un debate interno impulsado por presiones externas. RTVE, como miembro del Big Five, lideró en mayo una carta a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) solicitando analizar la participación de Israel, citando preocupaciones por “interferencia externa” en el voto público y la “transparencia” del sistema. Esta postura se alinea con un creciente boicot: España se suma a Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia, que han condicionado su presencia a la exclusión de Israel. La UER, que en julio extendió la opción de retirada sin penalización hasta diciembre, enfrenta ahora un dilema: la asamblea general del 4 y 5 de diciembre en Ginebra decidirá el futuro, pero la erosión de la “integridad percibida” ya es palpable.

El contexto es un polvorín. La edición de 2025 en Basilea, con Yuval Raphael representando a Israel y ‘New Day Will Rise‘ quedándose a las puertas de la victoria, desató protestas por el “voto masivo” público israelí, visto como propaganda institucional. Delegaciones como la española expresaron “gran preocupación” por la legitimidad, recordando que el festival debe ser un espacio de “transparencia” sin interferencias. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, respaldó la medida, abogando por la expulsión de Israel mientras “no se normalice su participación en foros internacionales”. Sumar impulsó firmas y presiones, vinculando el boicot a manifestaciones pro-palestinas como las de La Vuelta.

Esta postura no altera el Benidorm Fest, que celebrará su quinta edición en 2026 como “festival con identidad propia”, según RTVE. España ahorraría unos 500.000/800.000 euros anuales en derechos de participación y emisión, una cifra que en 2025 fue de 331.721 euros. Pero el impacto va más allá de lo económico: es un desafío a la UER, que en 2024 rechazó expulsar a Israel pese a peticiones de 10 delegaciones, argumentando neutralidad política. Críticos ven en esto una erosión del espíritu del festival, nacido en 1956 como puente cultural postbélico.

En un 2025 donde el arte y la política se entrelazan (Paul Weller o Morrissey se han manifestado en contra de la ultraderecha), el boicot español resuena como un acorde de disidencia. ¿Logrará presionar a la UER o será un eco aislado? La asamblea de diciembre dictará sentencia, pero por ahora, España elige el silencio a la complicidad.