por Paul Weller, el legendario exlíder de The Jam, decidió presentar una demanda por discriminación contra su antigua firma contable, Harris and Trotter, tras más de 30 años de colaboración. El conflicto surge de sus contundentes declaraciones sobre la situación en Gaza, donde ha acusado a Israel de cometer genocidio, una postura que llevó a la firma a cortar lazos profesionales con él. Esta disputa no solo pone en jaque la libertad de expresión en la industria musical, sino que expone las tensiones entre creencias personales y relaciones comerciales. ¿Es este un caso de censura o una línea ética que Weller cruzó?
Weller ha sido vocal sobre el conflicto en Gaza desde octubre de 2023, expresando en entrevistas, conciertos y redes sociales su convicción de que Israel perpetra un genocidio contra el pueblo palestino. “He hablado siempre contra la injusticia, ya sea apartheid, limpieza étnica o genocidio. Lo que ocurre en Gaza es una catástrofe humanitaria”, afirmó, añadiendo que los palestinos merecen autodeterminación y protección bajo el derecho internacional. Esta postura se materializó en actos como el concierto benéfico Gig for Gaza en diciembre de 2024 y su apoyo público a artistas como Kneecap, censurados por su solidaridad con Palestina. Sus palabras, lejos de ser tibias, han sido un grito contra lo que percibe como complicidad global.
La respuesta de Harris and Trotter llegó en marzo de 2025 mediante un mensaje de WhatsApp de uno de sus socios, que señalaba: “Es bien conocido tus puntos de vista sobre Israel, Palestina y Gaza, pero como firma nos ofende que afirmes que Israel comete genocidio. Aunque cada uno tiene derecho a su opinión, tus posturas anti-Israel nos llevan, como firma con raíces judías y muchos socios judíos, a no estar dispuestos a trabajar con alguien que las sostiene”. Esta decisión, que puso fin a tres décadas de relación, desencadenó la acción legal de Weller, quien alega que la firma discriminó ilegalmente contra sus creencias filosóficas protegidas bajo la Ley de Igualdad de 2010 del Reino Unido, incluyendo su apoyo a un estado palestino.
La demanda, liderada por los abogados de Hodge Jones & Allen, no solo busca reparación personal (Weller promete donar cualquier indemnización a ayuda humanitaria en Gaza), sino que también pretende destacar un patrón de silenciamiento hacia artistas que defienden los derechos palestinos. Cormac McDonough, su abogado, señala que “en la industria musical se intensifican los esfuerzos para marginar a quienes expresan solidaridad con Gaza”. Harris and Trotter, contactados para comentar, no han respondido públicamente, dejando el caso en un limbo que invita a cuestionar si la libertad de expresión tiene límites cuando choca con intereses comerciales o culturales.
En un 2025 donde la música sigue siendo un campo de batalla ideológico, la demanda de Weller se convierte en un eco de resistencia. ¿Será un precedente para proteger la voz de los artistas o un recordatorio de las fracturas que sus posturas pueden generar? La respuesta aún pende de un hilo, entre la justicia y el silencio.
